El proyecto, que contó con 152 votos a favor, 84 en contra y una abstención, declara a las empresas "de utilidad pública y sujetas a expropiación" y garantiza la continuidad y seguridad del servicio público de transporte aerocomercial de pasajeros, correo y carga.

La iniciativa pasará ahora a la Cámara alta, donde el gobierno confía en concluir el trámite legislativo antes del 20 de diciembre, según lo expresado por el secretario de Transporte, Ricardo Jaime.

Por las compañías, que fueron privatizadas en 1990 en un controvertido proceso que está bajo la lupa judicial, el proyecto de Ley prevé un pago simbólico de un peso (U$S 0,29) al grupo español.

El texto girado al Senado incluyó dos modificaciones para garantizar que el Estado no se hará cargo de la "deuda ilegítima" de las compañías y para obligar a la administración estatal a presentar un plan de negocios en un plazo de 180 días. La norma garantiza también el servicio de las empresas y los puestos de trabajo de los 9.000 empleados.

El Parlamento había sancionado a inicios de setiembre una ley que habilitó la reestatización de AA y Austral, pero las negociaciones entre el Estado y Marsans fracasaron por abismales diferencias en el valor de las compañías, en virtual bancarrota.

Mientras el Tribunal de Tasación de la Nación estimó un valor negativo de 832 millones de dólares, Marsans exigió el pago de unos 400 millones de dólares, en base a un informe del banco privado Credit Suisse, cuya tasación tuvo en cuenta el futuro flujo de fondos y el valor de la marca de la aerolínea de bandera.

Directivos de Marsans habían advertido en noviembre que en caso de expropiación elevarían una demanda contra Argentina ante el CIADI (centro de arbitraje del Banco Mundial) y tribunales locales. El Grupo también reclamó la intervención del gobierno español para alcanzar una solución negociada, lo que aparece lejos en el actual escenario.

La deuda por omisión de pagos de impuestos a la seguridad social y otros de orden fiscal alcanza a un 40% del total en ambas compañías, además de falta de pago de tasas de aeronavegabilidad a la Fuerza Aérea.
El 60% restante de la deuda global, las empresas la tienen con entidades bancarias, por la compra de aeronaves y por pasajes pendientes de uso.


Redacción Portal del Uruguay
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