Andalucía en la edición 2009 de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) a la empresa Decoestudio, S.A. para demostrar la «falsedad» de las acusaciones vertidas sobre dicho expediente.

Asimismo, el consejero de Turismo, Luciano Alonso, ha solicitado su comparecencia, a petición propia, ante la Comisión correspondiente del Parlamento de Andalucía.

La entrega de este material se produce después de que el PP hubiese reclamado horas antes a la Fiscalía Anticorrupción que investigara el procedimiento de adjudicación, con la que la Junta se adelanta así a una eventual reclamación de la documentación por este organismo. Es de destacar, empero, que las informaciones periodísticas sobre las contrataciones de la Junta con la empresa Decoestudio S.A. no se han referido a ilegalidad alguna en el proceso administrativo.

La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte destaca que todas las empresas que se presentaron a dicho concurso público, cuya convocatoria se publicó seis meses antes de la celebración del evento, «reunían las condiciones del perfil de contratante requerido en la convocatoria, que se acogía a los principios de transparencia, publicidad y concurrencia recogidos en la normativa autonómica de licitaciones públicas», destaca.

La reacción de la Consejería se produce después de que la Generalitat valenciana revelase que el pabellón de Andalucía en Fitur había costado el triple que el de Valencia, pese a ser de parecidas dimensiones. Posteriormente trascendió que en la empresa contratada, Decoestudio S.A., pertenecía al empresario Ignacio Bendito, que fue condenado por «inflar» el precio de los stands para pagar una comisión de cincuenta millones de pesetas al organizador de una feria de muestras en 1990. Bendito fue indultado por el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, en 2007.

En este sentido, la Junta destacó ayer —como ya recogió ABC— que el contrato formalizado con Decoestudio S.A. fue firmado «única y exclusivamente» con Isabel Sánchez Hidalgo como administradora única de la empresa, «y con ninguna otra persona». Ignacio Bendito, no obstante, ha continuado siempre vinculado a la empresa como apoderado, a pesar de que la sentencia lo condenó a «inhabilitación absoluta» durante tres años.

La empresa de Bendito ha recibido contrato por al menos diez millones de euros desde su condena. En este sentido, la Consejería de turismo alegó ayer que Junta de Andalucía, como el resto de Administraciones Públicas, «carece de mecanismo alguno para excluir a una empresa de un concurso público, o de negar una adjudicación, fuera de los supuestos contemplados por la Ley». Respecto al sobreprecio, señaló que «carece de toda lógica acusar de haber pagado un sobreprecio —lo que podría ser un ilícito penal— y mucho menos sobre la base de una supuesta comparación con el montante económico de otros expositores, sin tener en cuenta ni comparar los contenidos de los mismos, las calidades y equipamientos exigidos en el pliego de prescripciones técnicas, por no hablar del número de patronatos provinciales de turismo albergados, ocho en el caso de la Comunidad Autónoma de Andalucía».

Cortina de humo

En este sentido, el vicepresidente primero de la Junta y consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, aseguró ayer que la polémica sobre la empresa Decoestudio S.A. «no es más que una estrategia de ventilador y un intento del PP de tapar el gran escándalo que se vive dentro de su partido y que ha llegado a afectar incluso al presidente Francisco Camps», explicó el dirigente socialista.

A este respecto, el vicepresidente primero de la Junta comentó que «de momento hay 37 personas del PP implicadas en este escándalo y el número se podría aumentar en los próximos días, según se desprende de lo que estamos leyendo en los medios de comunicación en las últimas semanas».

Sobre el tema del expositor que la Junta usó en la pasada edición de Fitur, Zarrías comentó que «se realizó después de convocar un concurso público completamente transparente» y reconoció que «se escogió un stand que se ajustaba al precio y a las prestaciones del contrato». Asimismo, reconoció que la empresa que ha fabricado el expositor ha trabajado con otras comunidades como la de Madrid o la de Navarra, e incluso con el Parlamento Europeo. Zarrías finalizó criticando al PP en su intento de «tapar de forma burda algo que es muy grave».

Contratos con Aznar

El Gobierno de José María Aznar contrató «en repetidas ocasiones» entre 1996 y 2004 los trabajos de la empresa Decoestudio S.A. mediante concurso público, así como la Comunidad de Madrid, que escogió a esta compañía de organización de eventos desde que Esperanza Aguirre ganó las elecciones autonómicas de 2003, según consta en un documento de contrataciones al que ha tenido acceso Servimedia. Según esta fuente, que no cita los importes de las contrataciones, entre los clientes de la empresa aparecen grandes empresas privadas y entes públicos como el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, el Parlamento Europeo, las navales Bazan e Izar, Correos y Enresa.

fuente: EFE/A. G. B./M. C. SEVILLA/Chema Moya