Las autoridades de la localidad de Riverside, en Nueva Jersey, Estados Unidos, derogaron una ley que penalizaba a las empresas que contrataran inmigrantes indocumentados y a quienes les alquilaran viviendas.

La decisión del ayuntamiento de Riverside se produce pocas semanas después de que un juez federal impidiera la entrada en vigor de una ley similar en Hazleton, Pennsylvania.

La ley para sancionar a las empresas y a los dueños de viviendas en alquiler desató la controversia apenas fue aprobada en 2006.

El instrumento establecía penas de multa y hasta cierre para las empresas y comercios que contrataran a trabajadores indocumentados.

Quienes le alquilaran una casa o un apartamento a una familia sin papeles podía llegar a pasar 90 días en la cárcel y pagar una multa de US$2.000.

Ley "inadecuada"

El director de Asuntos Legales de la Unión por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), Ed Barocas, fue uno de los promotores de la derogación de la ley y compartió con BBC Mundo su satisfacción por la decisión.

"Nos satisface mucho que Riverside haya decidido rescindir esta ley tan inadecuada. La aprobación de esta ordenanza promovía la desconfianza hacia los inmigrantes o hacia cualquiera que pudiera ser percibido como tal, además de fomentar la xenofobia y la discriminación", dijo Barocas.

La ordenanza municipal de Riverside alentaba la xenofobia, aseguran los críticos.

Cuando se aprobó la ley, las autoridades locales argumentaron que cerca de la mitad de los 8.000 habitantes del pueblo son indocumentados, brasileños en su mayoría, y que este influjo estaba menoscabando los recursos de Riverside.

"Somos un pueblo muy pequeño y creo que al evaluar los factores económicos y sociales que estaban en juego, particularmente a la luz de la reciente decisión en Hazleton, además del costo para la comunidad, lo mejor para los habitantes de Riverside era rescindir la ley", le dijo a BBC Mundo George Saponaro, representante del pueblo.

Los grupos pro-inmigrantes ven el caso de Riverside como una esperanza para que otras 90 localidades del país con leyes similares opten por rescindirlas en vez de embarcarse en costosas batallas legales.

Sin embargo, y a raíz del fracaso del Congreso en aprobar una ley migratoria integral, muchas de estas localidades anuncian que están dispuestas a continuar aplicando tales leyes, aunque tengan que ir hasta la Corte Suprema para defender sus casos.

Fuente: bbcmundo.com