Santiago. Movilizaciones campesinas, demandas sociales y paralizaciones en los sectores productivos han marcado el inicio de semana en Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Perú, un síntoma más de que la economía real está siendo impactada por los embates de la crisis.

El panorama regional augura un incremento en la cifra de desempleados, una caída en las remesas y una desaceleración de la economía, proyecciones que no hacen más que pensar que el descontento social aumentará en la medida que la turbulencia financiera muestre su peor cara, en el transcurso de los meses.

Sectores productivos en problemas

Trabajadores en varios países han iniciado movilizaciones para lograr reivindicaciones laborales debido a que algunas firmas han justificado la coyuntura como argumento para cambios administrativos.

Es el caso de la estatal brasileña Petrobras. Trabajadores de la firma iniciaron el domingo una huelga de cinco días, con la que buscan afectar la producción de crudo, en protesta por recortes de empleos, salarios y condiciones laborales.

Un problema no menor teniendo en cuenta que Petrobras es una de las empresas más importantes de la región (ocupa el lugar N° 2 en el Ranking de las 500 mayores empresas de América Latina, según AméricaEconomía).
La paralización podría convertirse en un dolor de cabeza para el presidente Lula en la medida que realmente afecte la producción de crudo. De hecho, los huelguistas consiguieron detener la producción de la plataforma P-34, con una capacidad de 60.000 barriles diarios, pero la información fue negada por la compañía. Por ese motivo la firma apuesta por el diálogo. Este martes, ejecutivos de la petrolera programaron una reunión para evitar que la paralización se extienda. Hasta el cierre de esta edición no había noticias al respecto.

En Perú, el foco de conflicto está en el sector minero. Unos 5.000 trabajadores de cuatro minas pertenecientes a la peruana Compañía Minera Ares SAC, subsidiaria del Grupo Hochschild Mining Plc, declararon el lunes el inicio de una huelga indefinida en demanda del pago de utilidades correspondientes al año 2008. La medida se inició la noche del domingo en las unidades mineras de Pallancata, Arcata, Ares y Selene, todas en el sureste del país, que  representan una parte importante de la producción del grupo.

La paralización se da en momentos en que el sector vive el término del “boom” y las empresas están reduciendo costos operacionales para afrontar la caída del precio de los metales: -56,6% (plomo), -54,2% (cobre), -47,4% (zinc), -31,8% (plata), y -30,3% (estaño). A partir de estas cifras el futuro de la minería peruana se ve complejo, ya que los costos de producción podrían subir. Según Juan Pablo Córdova, analista de inversiones de la Gerencia Central de Gestión de Activos del Banco de Crédito BCP, “si los costos de producción de una mina están por encima de su precio de equilibrio, es mejor cerrar la operación, señaló a AméricaEconomía, desde Lima. “Tal es el caso de algunas productoras de zinc, que son las que afrontan el problema más grande”.

Movimientos sociales a la calle

Las demandas campesinas son otro foco de conflicto en la región. Los gobiernos de Argentina, Paraguay y Bolivia están siendo presionados por cientos de agricultores, quienes están sintiendo los embates de la turbulencia económica.

En Argentina la cuestión agraria se arrastra por casi un año. Este martes se cumplió la cuarta jornada de huelga del agro contra el Gobierno, a pesar de ser feriado en ese país. El enfrentamiento del sector con la administración de Cristina Fernández, comenzó en marzo de 2008 cuando la presidenta buscó subir impuestos a las exportaciones de granos, una medida que finalmente fue desactivada por el Congreso tras semanas de protestas, bloqueos de carreteras que desabastecieron ciudades de alimentos y multitudinarias manifestaciones.

“Esta es una guerra de desgaste que vienen sosteniendo ambos sectores”, dice Claudio Fantini, analista político a AméricaEconomía.com. Para el académico argentino, el origen del conflicto radica en que “Fernández busca aislar al campo porque necesita dinero y el movimiento agrario quiere dejar sin retenciones al gobierno”.
Ahora, el sector reclama una rebaja de impuestos ante la caída de la rentabilidad por el efecto de una feroz sequía, que redujo fuertemente las expectativas de cosecha de granos, y del desplome de los precios internacionales de las materias primas ante la desaceleración económica global.
Fantini sostiene que una salida al tema se ve lejano debido al manejo político del kirchnerismo. “El discurso agresivo del Gobierno no ha ayudado a zanjar el problema, tampoco la arbitrariedad con la que han manejado los recursos”.

En todo caso el académico no cree que el conflicto llegue a ocasionar desabastecimiento, como ocurrió hace un año, ya que dicha medida generó antipatía en los ciudadanos y “eso no es lo que necesita el movimiento agrario para legitimar sus demandas”.

Promesas de campaña

El presidente paraguayo, Fernando Lugo, tampoco lo pasa bien por estos días. Miles de campesinos coparon el martes las calles de Asunción para exigir al Gobierno que implemente las reformas que prometió.

La protesta se ha convertido en la mayor movilización desde que el ex obispo católico asumió la presidencia.
Entre las demandas de los campesinos están un subsidio alimentario por un período de seis meses para las zonas afectadas por la sequía, la provisión de semillas para la próxima siembra y un marco regulatorio que priorice el crédito productivo.

"Para nosotros el cambio no llegó nunca, todo continúa igual que antes del 20 de abril", dijo a la prensa local Teodolina Villalba, dirigente de la Federación Nacional Campesina (FNC), aludiendo a la fecha en que Lugo ganó las elecciones, con el 51,96% de las preferencias.

Quien ha mostrado el cumplimiento de las promesas de campaña es Evo Morales. Con un alto apoyo del electorado, gracias a su discurso reivindicatorio de los derechos indígenas, fue avalado en el referendo de enero. Sin embargo, Morales enfrenta un complicado escenario económico. “La decisión de limitar el ingreso de autos usados al país, la pugna con el sector textil y los transportistas da cuenta de las malas decisiones que ha tomado el ejecutivo”, dice Roger López, analista de Captura Consulting. “Este tipo de medidas podrían pasar la cuenta al mandatario, en el contexto de crisis.

En opinión del analista, el Gobierno está manejando al campesinado para presionar a la oposición con herramientas electorales.

Este martes en La Paz, sindicatos afines al Gobierno anunciaron que harán un cerco al Congreso nacional, a partir del 1 de abril, para forzar la aprobación de una polémica ley de transición que posibilitará la reelección del mandatario de Bolivia.

Por mandato de la nueva Carta Magna, el Congreso tiene plazo hasta el 7 de abril para sancionar la reforma electoral, que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados, dominada por el oficialismo, pero que fue frenada en el Senado, de mayoría opositora.

La oposición trata de recortar la cuota de parlamentarios indígenas, creada por la nueva Constitución, y de posponer la vigencia del voto de los migrantes. "El Gobierno quiere comenzar la carrera electoral con 14 diputados de ventaja y eso no es democrático", dijo la semana pasada Roger Pinto, jefe de la bancada de senadores de la alianza derechista Podemos, la mayor fuerza de oposición.

En opinión de López de Captura Consulting, esta será otra foco de conflicto en el país, sin embargo no cree que se llegue a enfrentamientos que costaron la vida a decenas de bolivianos meses antes de referendo. “A partir de esa experiencia la clase política y la ciudadanía ha entendido que el diálogo es la mejor solución a los problemas”.